lunes, 19 de noviembre de 2012

CONDENAN AL EX ALCALDE Y CONCEJALES DE UN PUEBLO A PAGAR CON SU PROPIO PATRIMONIO LA CATASTRÓFICA GESTIÓN REALIZADA Por una vez (bueno sería que sentara precedente) un juez ha hecho responsable de su actuación a quienes eran responsables de la gestión de dinero ajeno

Dos ineptos que han hecho mucho daño sin que se les exija responsabilidad

Dos de las tres acepciones con que la Real Academia define el término ‘responsabilidad’ son: “Cumplimiento de las obligaciones…”, una, y “Obligación de responder ante ciertos actos o errores”, otra. Esto viene a cuento de la sentencia de un juez que ha condenado a un ex alcalde y sus concejales a hacer frente con su propio patrimonio a la desorbitada deuda que su terrible gestión provocó en un municipio de la provincia de León, España. A muchos ciudadanos les ha sorprendido la sentencia por inusual, que no por justa; de hecho, esa debería ser la norma para todos los que alcanzan los denominados ‘puestos de responsabilidad’, sin embargo, salvo evidencia de que se haya metido mano en la caja, es rarísimo que se exija al que ha ocupado ese puesto que pague el desaguisado con su propio dinero.

Generalmente (prácticamente siempre) los que ostentan cargos con poder de decisión están muy bien pagados (además de disfrutar de múltiples complementos y bonificaciones) por más que se quejen, y cuando se les echa en cara que ingresan más que el 90% de la población activa, suelen responder que cobran tanto porque tienen mucha responsabilidad. Teóricamente eso significaría que, en caso de hacerlo mal aunque fuera con buena intención (no digamos si es perversa), debería exigírseles esa responsabilidad en forma de indemnización. Pero curiosamente, esa responsabilidad no existe cuando, al cesar en el cargo, se descubren sus necedades e ineptitudes, sus despilfarros y dudosas transacciones con fondos ajenos, puesto que no hay quien les reclame compensación por su, cuando menos, desacierto; claro que quien le sustituye es del gremio, de modo que lo que él exija a su predecesor le podría ser exigido a él mismo por su sucesor, así que, deducen, mejor no pasarse de legal.

El caso es que debería promulgarse una ley en ese sentido, una norma que avisara al que pretende manejar los cuartos de los demás de que, en caso de no hacerlo bien, en caso de que su labor provoque deudas, desaparición de parné o proyectos caprichosos y onerosos para el pagano, se le exigirá restituir lo que con su torpeza se derrochó. Seguramente entonces las poltronas tendrían muchos menos pretendientes. Y esta norma debería aplicarse tanto a políticos (administradores del dinero de todos), como a banqueros, y por supuesto a directivos e integrantes de consejos de administración que consiguen que ahorros o inversiones de ciudadanos de a pie se volatilicen, desaparezcan. Así sea alcalde o ministro, presidente nacional, regional, provincial o local, consejero, directivo, gerente, jefe o, en fin, depositario de confianza.

Es imperdonable que un ejecutivo de banca deje un agujero contable y se vaya cobrando una suculenta indemnización, que un director de empresa la abandone en estado terminal llevándose magra recompensa, que un político cese tras haber provocado monumental déficit pero asegurándose escandalosa pensión. ¿Cómo se puede tener la cara tan dura?, ¿cómo puede uno convencerse a sí mismo de que merece premio a pesar del daño causado? Estos tres casos se han visto recientemente en España sin que los desvergonzados no solo no hayan soltado un céntimo, sino que se han levantado del sillón con los bolsillos repletos.
 
Cuando se maneja dinero ajeno hay que exigir responsabilidad, lo que debería significar que quien no lo hace bien será responsable de su actuación, o sea, culpable al menos de ser un manirroto incompetente, y por tanto tendrá que pagar por su ineptitud, su incapacidad, impericia o falta de preparación, su nepotismo o envilecimiento; además, de este modo se evitaría que puestos de importancia fueran ocupados por personajes con nulos méritos, inadecuada preparación, dudosa valía o ausencia de moralidad. En pocas palabras, al dejar el puesto hay que sopesar debes y haberes, y en caso de que la cuenta salga negativa, a pagar, o sea, a responder ante sus actos o errores. 
    
CARLOS DEl RIEGO