sábado, 18 de agosto de 2012

PERVERSIONES DEL SISTEMA LEGAL Las leyes penales en España y otros países tienen, como fin principal, la protección del agresor, cuyos derechos se sitúan por encima de los de la víctima


Las leyes penales en España y otros países tienen, 
como fin principal, la protección del agresor, 
cuyos derechos se sitúan por encima de los de la víctima 


En dos ciudades de Andalucía (España) se han producido en los últimos meses otros tantos sucesos que, aunque con no pocas diferencias, presentan indeseables e idénticos resultados. Uno, el caso de la joven Marta del Castillo, apaleada, asesinada y ocultada por tres, cuatro o más amigos sin que éstos hayan desvelado dónde escondieron el cadáver; otro, el de los dos niños de un desalmado llamado Bretón, desaparecidos sin dejar rastro, y en el que todas las pruebas apuntan abrumadoramente al tal Bretón, que niega y niega. Aunque con no pocas diferencias, ambos sucesos presentan indudables y odiosas coincidencias: los criminales se obstinan en su silencio (seguro que por consejo de sus abogados) y ocultan el paradero de sus víctimas. Y ello a pesar de los testimonios y pruebas que, más allá de la más mínima duda, los señalan como culpables. Pero lo peor es que el sistema se lo permite, pues carece de instrumentos para obligarles a hablar. Así, cabe preguntarse, ¿y si en lugar de asesinado hubieran secuestrado y ocultado a sus víctimas y horas después hubieran sido detenidos?, ¿el juez, el sistema, preferirían que los secuestrados murieran de inanición antes que obligar a los criminales a cantar?, es decir, ¿se impondría el bienestar del agresor a la vida de la víctima? Por espeluznante que parezca, así obraría el juez y el resto de integrantes del edificio legal (incluyendo a los letrados, que aunque lo sepan no desvelarán el paradero de los secuestrados), respaldados por un código al que sólo preocupan los derechos del criminal, siempre más importantes que los del agredido.

Es solo una de las múltiples perversiones que muestra el actual código penal español (y de otros países en los que lo más respetado es el beneficio del delincuente), pero hay muchas otras barbaridades bajo la protección de las leyes. En cualquier sociedad se tiene como gran virtud la veracidad, ser sincero, ir con la verdad por delante. 

Sin embargo, en el terreno de los procesos judiciales, el encausado y su defensor tienen derecho a mentir, a defenderse con falsedades, siendo respetado el abogado que, mintiendo, logra beneficios para su cliente (por ejemplo, con sus engaños, subterfugios de leguleyo y recovecos legales logra que el pederasta esté cuanto antes en la calle para que pueda volver a su actividad). No estaría de más tomar juramento al abogado y al acusado; ¿tan malo sería exigir que aquel trabajara sólo con la verdad? ¿o es que sin mentir no sabe ejercer su profesión pues es la mentira su arma preferida?

También parece insoportable que un criminal acumule 100, 200 detenciones por cargos probados y regrese una y otra vez a la calle para incrementar esos números y para desesperación del policía, que lo detiene con las manos en la masa hoy, y mañana lo vuelve a encontrar haciendo la misma en el mismo sitio… Igualmente resulta irritante asistir al escándalo de la liberación de abyectos asesinos terroristas por causa de enfermedad o ‘huelga de hambre’ (siempre falsa) gracias a las leyes escritas por gentes más identificadas con los criminales que con sus víctimas (si no fuera así no serían posibles tantos beneficios para aquellos); por cierto, ¿por qué los terroristas no exigen que se les pague con la misma moneda que ellos utilizaron con sus víctimas? Y así se podría continuar con injusticias como los permisos penitenciarios (si estás condenado, estás condenado) y otros lujos de que disfrutan los condenados, o las penas de cárcel de cinco años para un asesino, o de 1.500 años que, sobre el papel, se quedan en 30 como máximo y, en la realidad, apenas la mitad (permisos, tercer grado, libertad vigilada, redención por el trabajo…). Y luego se extrañan de que nadie confíe en el sistema, en los jueces y legisladores.   
  
CARLOS DEL RIEGO