martes, 7 de mayo de 2013

LOS FRAUDES EN LA SUBVENCIÓN DE CLASES DESFAVORECIDAS El gobierno da dinero a algunas minorías para que escolaricen a sus hijos y les compren los libros de texto, sin embargo, una vez ingresada la ayuda, ni los llevan a clase ni compran los manuales

El mejor camino para la integración es la escolarización.

Una de las grandes causas del exceso de gasto público es, evidentemente, la subvención y sus abusos, descontroles y despilfarros. Ciertamente, desde hace siglos los españoles siempre han sido muy proclives cobijarse bajo la ‘seguridad’ del estado, y por eso uno de los tradicionales grandes anhelos del celtíbero es vivir y cobrar de la administración, aunque también abundan los que no tienen escrúpulo en defraudar; y lo malo es que esta figura es más que común en todos los estratos de la sociedad, desde las más elevadas esferas políticas hasta quien percibe prestación, pensión, ayuda, subsidio… Claro que, en realidad, raro es el ciudadano del cualquier país del mundo que se resiste a engañar al fisco si tiene oportunidad; sin ir más lejos, en plena crisis griega se supo que había gente cobrando la pensión de personas muertas hacía 20 años, o que individuos de 60 estaban percibiendo un subsidio de orfandad.

Todo el que tiene un mínimo interés por el asunto está convencido de que entidades como partidos políticos o sindicatos deberían quedar exentas de cualquier ayuda económica de procedencia pública, y del mismo modo clubes deportivos profesionales o actividades industriales como el cine (que no es la única actividad cultural existente aunque sí la más beneficiada con el dinero de todos).

Pero existen otras subvenciones que se dan en pequeñas cantidades y que, al menos hasta ahora (V-2013), han escapado a cualquier control. Sin duda en todas partes hay caraduras dispuestos a engañar y llevarse dinero público, pero casi nadie se vanagloria de ello en público, a voces. Por ejemplo: para estimular la escolarización de ciertas minorías el gobierno da dinero a los padres para lleven al colegio a sus hijos, sin embargo, se sabe de directores de institutos que han recibido amenazas por negarse a firmar certificados de asistencia aun cuando los escolares no iban a clase; este caso se ha dado sobre todo con la etnia gitana, de modo que algunos padres calés despotricaban en público contra aquellos directores que no les proporcionaban la firma con la que seguir cobrando; ¿pero los chicos han asistido a clase?, se preguntaba al airado progenitor, a lo que éste contestaba que algunas veces, y añadía que al director ¿qué más le da firmar ese papel si el dinero no es suyo?... De igual modo las ayudas para libros (denegadas a muchas familias que también las necesitan), que son utilizadas para cualquier cosa menos para comprar los manuales, de forma que cuando el escolar acude a clase lo hace sin tan imprescindible material, siendo imposible su correcta formación.

Sin entrar a valorar si es lícito dar a unos lo que a otros se niega (y no solamente se trata de estas pequeñas cantidades) parece una auténtica burla que se entregue dinero para que se cumpla una obligación, pero si además ni siquiera se cumple dicha obligación, resulta intolerable, escandaloso, que aun así se haga efectiva la ayuda. No hay que olvidar que si lo único que se hace para integrar a colectivos desfavorecidos es regalar (dinero, vivienda, material…), se les está trasmitiendo la idea de que no es necesario trabajar, contribuir, puesto que ahí estará siempre el dinero público a cambio de nada. Y por esto, cuando el director no firma un certificado fraudulento de asistencia se gana los insultos y amenazas; y por esa misma razón, los padres del niño sin escolarizar se indignan en público con aquel director y exigen la complicidad del personal, y por eso no terminan de comprender la obligación de cumplir las reglas, de someterse a la ley como hacen en su inmensa mayoría los ciudadanos de a pie.
     
De todos modos hay casos y casos, y no son sólo esas clases desfavorecidas las que protagonizan fraudes, estafas, trampas, engaños contra el dinero público. Eso seguro.

CARLOS DEL RIEGO