miércoles, 2 de mayo de 2018

CORPORATIVISMO JUDICIAL Y DOBLE VARA DE MEDIR El repugnante suceso de una jauría y la discutida pena que se le impone, la postura de uno de los jueces del tribunal y las palabras acusatorias de un ministro han encendido las opiniones. Pero hay dos interesantes cuestiones de las que apenas se habla

Cuando ataca la manada, siempre hay violencia.


Uno de los temas del momento en España (que incluso ha trascendido a otros países desde los que también se emiten opiniones) es el de la postura de los jueces en el asunto de la joven agredida por una manada, así como el afeamiento público que el ministro ha hecho de la actuación de uno de ellos. Sin embargo, a pesar de que las redes, los medios de comunicación y las tertulias de todo tipo no dejan de debatir sobre jueces, sentencias y ministros, hay un par de aspectos que parecen haber pasado desapercibidos, un par de detalles importantes que apenas han merecido atención.

En primer lugar, no deja de resultar sorprendente la reacción de toda la clase judicial y fiscal, que ha elevado una sola voz contra el ministro que puso en cuestión la capacidad de uno de los integrantes del tribunal que ha juzgado a la jauría. Llama la atención el corporativismo primario y furibundo con el que han reaccionado todos a una las diversas asociaciones de jueces y fiscales, como un solo hombre, a la búlgara, con pensamiento único; sin discrepancias han saltado indignados denunciando que un político haya puesto en tela de juicio la actuación de uno de los suyos. Es una evidencia de gremialismo (“el que se mete con uno de nosotros se mete con todos”, se dirán) e incluso de un cierto complejo de superioridad (“el juez es un espíritu puro, ajeno a las debilidades”, pensarán). Y eso que el puñetero en cuestión (los jueces visten o vestían puñetas) se puso ‘chulito’ y arrogante frente a la víctima: “Usted no sufrió mucho dolor, ¿verdad?”, insinuando que había opuesto escasa resistencia, que sin palos no hay violencia ni coacción, y que, en realidad, él sólo veía jolgorio… En primer lugar demuestra cierta cobardía al encararse con la chica que sufrió la agresión (seguro que cuando se dirigió a los de la jauría lo hizo con todas las cortesías), sobre todo teniendo en cuenta que, en caso de haber sido él el rodeado por los cinco prosimios, indudablemente se lo hubiera hecho en los pantalones. Es absolutamente indignante, irritante y como para perder confianza en el sistema judicial el hecho de que el togado se dirija a la víctima con tono chulesco, desdeñoso y arrogante, como dando a entender que ella fue la culpable porque no se llevó una paliza, porque no se resistió como una heroína.    

Pero, en segundo lugar, lo que deja perplejo es que, en muchas ocasiones, los tribunales determinan que se trata de libertad de expresión los insultos y descalificaciones que reciben a diario otros colectivos; es decir, cuando los que encajan las faltas al respeto y a la integridad moral, cuando los que soportan menosprecios, groserías y ofensas de todo tipo son políticos, policías, banqueros, maestros y docentes en general, militares…, entonces todo eso entra dentro de la libertad de expresión, sin embargo, cuando son ellos las dianas de las críticas, de las descalificaciones veladas o de insinuaciones ofensivas…, ¡ah!, entonces esas palabras ya no son libertad de expresión sino agravio intolerable. Podría dar la sensación de que esos profesionales de la ley (que no son todos) se sienten por encima de los demás: similares palabras descalificatorias o el cuestionamiento de la integridad moral de otros colectivos o personas entra dentro de la libertad de expresión, pero si las mismas palabras van dirigidas a un juez es un atentado contra la separación de poderes y la independencia judicial. No sería descabellado pensar que lo que demuestran esas asociaciones es una cara dura como el cemento armado. Además, lo que dijo el ministro es que tal personaje “tiene un problema singular”…, ¡que levante la mano el que esté libre de todo problema, singular o plural! En resumen, según se deduce de la reacción de la clase judicial y fiscal, las declaraciones que cuestionan la integridad moral y la capacidad profesional de otros colectivos están amparadas por la libertad de expresión, mientras que si la duda es arrojada sobre dicha clase ya no cabe hablar de esa libertad. ¡Habría que escuchar lo que asociaciones como ‘jueces por esto’ o ‘fiscales por aquello’ dirían si fueran sus miembros quienes recibieran piropos como ‘corruptos’, ‘ladrones’, ‘vendidos’. En fin, ¿puede insinuarse que esto es, sencillamente, doble vara de medir, ley del embudo? 

Hay que tener una mentalidad ‘especial’ para pensar que una chica de 18 años se entrega a cinco desconocidos y se va a un sucio portal a montárselo con los cinco a la vez (además, parece que esta recua ya había ‘protagonizado’ algo parecido anteriormente). Y por otro lado, hay que sentirse un puntito superior para no soportar en propia carne lo que en la de otros se disculpa.

CARLOS DEL RIEGO