miércoles, 21 de diciembre de 2016

DERECHO DE IMPUNIDAD, EXIGEN CIERTOS POLÍTICOS. El sufrido paganini se topa a veces con titulares desconcertantes, como ese que dice que varios grupos políticos exigen cambiar la ley que obliga al cargo público a obedecer al Tribunal Constitucional; pretenden la impunidad, ¡y no se avergüenzan de ello!

Esto es lo que ambicionan ciertos políticos ingratos y deseleados, pisotear y pasar por encima de la Constitución..
Parece haber pasado desapercibida, entre tanta noticia de atentados y violencias de todo tipo, una increíble proposición de ley que han hecho ciertos partidos políticos (todos menos dos) en España: quieren que los cargos públicos puedan desobedecer resoluciones judiciales sin ser suspendidos; es decir, estos privilegiados individuos reclaman para sí una licencia para quedar exentos de cumplir la ley, la misma ley que el resto de los mortales debe obedecer. Básicamente la norma que algunos  quieren borrar es la que obliga a servidores de la administración (parlamentarios y presidentes de parlamento sobre todo) a hacer caso a los tribunales; no parece razonable que alguien pueda discutir tal obligación, sin embargo, por incomprensible que pueda parecer, dichos sujetos manifiestan sin sonrojo sus ansias por degustar el sabor de la impunidad.

Esta patulea de gorrones que, con la cara más dura que el cemento armado, evidencian su bajeza moral y su escasa vergüenza exigiendo bulas por ser quienes son, no hacen más que demostrar otra vez un hecho indiscutible: permanecer demasiado tiempo en labores políticas aleja de la realidad. Y esto es así, primero, porque sólo un figurón ingrato y desleal se atrevería a solicitar un privilegio como este, y segundo porque se atreven a proponer tal dislate sin rubor y sin el menor atisbo de dignidad. Se sienten tan concluyentemente seguros de su verdad y tan superiores a los infelices ciudadanos, que creen merecer más que los demás. En definitiva, desean estar por encima de las leyes y, por tanto, por encima de ‘la chusma’ que las cumple.
Lo que proponen izquierdas y nacionalistas es que si un tribunal resuelve condenar, toda persona tiene la obligación de cumplir con la sentencia…, excepto ellos mismos, excepto los que estén en la función pública, que pueden pasarse los dictados del Tribunal Constitucional por ahí. Y lo más curioso (risible si no fuera tan estúpido) es que estos sujetos tratan de justificar sus intenciones con los argumentos más disparatados y esperpénticos, de modo que son capaces de inventar excusas increíbles, de retorcer la razón, de dar la vuelta a la situación como el abogado del terrorista que culpa a sus víctimas.  

El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad en todo lo referido a la Constitución, siendo sus miembros los más entendidos, los que más y mejor conocen todos sus entresijos y, por tanto, los que tienen más elementos de juicio. Sin embargo algunos politicastros, envueltos en una gruesa capa de soberbia, pretenden interpretar las reglas a conveniencia. En pocas palabras, ambicionan prerrogativas que las sociedades avanzadas desecharon hace siglos y que hoy día son definitorias del dictadorzuelo más engreído.

Pero lo más increíble es que muchos de esos que suspiran por el derecho a pasar por encima de la referida normativa, muchos de los que procuran pisotear la Constitución (tildándola de anticuada, superada, de origen fascista), no son conscientes de que es esa Constitución la que les permite estar en el privilegiado sillón en el que tan cómoda y provechosamente se sientan.   

CARLOS DEL RIEGO