Luis Roldán cometió delitos similares, pero con un montante de millones de euros, por lo que fue condenado a 30 años. |
No poca indignación ha provocado la entrada en
prisión de un joven (que seguro dista mucho de ser un ciudadano ejemplar) acusado
de haber falsificado una tarjeta de crédito y estafado con ella 80 euros, lo
que le ha costado una condenada de seis años de cárcel. Parece un castigo
desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en
España en las últimas décadas, en las que la corrupción política y financiera
no ha dejado un día sin asaltar las páginas de los periódicos. Citando sólo los
casos más escandalosos y recientes, no habrá ciudadano que no se haya echado
las manos a la cabeza al comprobar el volumen del fraude, hurto y latrocinio que
han protagonizado cientos de personas implicadas
en la Gürtel, la Púnica, los Ere y los cursos de formación (podrían señalarse
tantos desfalcos que apenas hay palabras para denominarlos).
Tirando por lo bajo, cada uno de esos procesos ha
desvelado estafas o saqueos por valores superiores a los mil millones de euros;
así, es fácil hacer las cuentas: si timar 80 pavos (y falsificar la tarjeta, y
mentir a las autoridades) cuesta seis años, timar mil millones (falsificando
documentos, mintiendo a diestro y siniestro) debería costar 75 millones de años
de cárcel a cada timador… Sin embargo, cuando se haya probado la participación
de todos esos políticos y chorizos de guante blanco en tan monstruosos saqueos,
el espectador se quedará atónito ante la levedad de las condenas, sobre todo si
se comparan con la del pequeño delincuente que usó una tarjeta clonada para
llevarse tan ‘desmesurada’ cantidad; es más, podría apostarse a que la
aplastante mayoría de los implicados en los sumarios mencionados ni siquiera
pasarán un día entre rejas, y si alguno ingresa en la trena, no será ningún
cargo importante, sino algún que otro desdichado funcionario o político de
tercer escalafón.
Pero es que el pasmado contribuyente aún puede
escandalizarse mucho más: en una capital de provincia del noroeste del país, un
tipo ha sido estos días (VI-2016) condenado por asesinato a 17 años de
privación de libertad (ya había penado otros seis o siete por un asesinato
anterior); de este modo, puede hacerse el siguiente cálculo: si caen seis años
por falsificar, mentir y robar 80 euros, y 17 por asesinato, eso significa que
matar tiene un coste aproximado de poco más de 240 euros. Igualmente, todo
aquel que lea periódicos sabe de carteristas que roban cantidades similares o
mayores una y otra vez hasta acumular cientos (¡cientos!) de delitos probados y
que jamás entran en prisión…¡Y qué decir de los políticos autonómicos que se
pasan la ley por el forro sin que tengan nada que temer! Pero aún se puede
llegar más lejos en la odiosa comparativa: asesinos terroristas que han segado
más de veinte vidas apenas han pagado con veinte o veintitantos años de la suya
(como si quitar cada vida costara tanta cárcel como falsificar y robar cuatro
veces 80 euros); sí, fueron condenados a cientos e incluso miles de años, pero
la cosa no deja de ser una burla, ya que la mayoría apenas ha pencado con dos
décadas de trullo. ¿Alguien puede defender una legislación tan infamemente
desproporcionada?
La proporcionalidad no es una virtud del código
penal español, cosa que bien puede achacarse a los legisladores. Pero por otro
lado está el asunto de la interpretación, que ya es cosa personal del encargado
de dictar sentencia, o sea, del juez. Muchos señalarán que el juez no hace sino
aplicar la ley, sin embargo, si la cosa fuera tan sencilla, si sólo hubiera que
encajar el delito en los casos contemplados por la legislación existente, ¿para
qué se necesitarían jueces?; se introduce cada caso en un ordenador que
contenga todos los códigos penales existentes, y luego se añaden los informes
policiales del caso, testimonios, alegaciones de la defensa y la acusación,
antecedentes, eximentes, atenuantes, agravantes y, en fin, todo lo que de un
lado y otro pudiera aportarse, de modo que la computadora emitiera su fallo de
un modo frío y calculado… Pero no, el juez tiene que interpretar y tener en
cuenta circunstancias y particularidades, para eso está; y por ello, debe
exigírsele proporcionalidad, sobre todo para no caer en desproporcionados
agravios comparativos, como en el mencionado caso de los 80 euros, en el que
salta a la vista la actuación desproporcionada del togado…, y de los posteriores
altos tribunales, que se han limitado a denegar el indulto de un modo frío y
automático como la respuesta a un alegación contra una multa de tráfico. ¡Qué
distintas serían (serán, seguro) las cosas cuando el implicado sea un
importante político! Hay un caso ilustrativo: el del que fuera Director de la
Guardia Civil, Luis Roldán, falsificó, defraudó, mintió y huyó con el
equivalente a unos 15 millones de euros (la mayoría no han aparecido), por lo
que fue condenado a 30 años.
Tratando de pasar por encima de la indignación, hay
que tener presente que el juez es tan persona como cualquiera y, por tanto, tan
sujeta al error como los demás. El que tiene que tomar este tipo de decisiones
(ya sea un magistrado, un árbitro de fútbol o un jurado de los Premios Nobel) tarde
o temprano se equivocará y una injusticia al tomar su decisión (aunque sea
indudable su buena fe); así, ¿cuántas veces la Verdad será distinta de la
verdad a la que se llega tras un juicio?, ¿y cuántas veces la ley y su
administración se habrán equivocado tanto con los robaperas como con los
grandes mangantes? Cierto que quien dicta sentencia tiene no sólo una profunda
preparación, sino también toda la información disponible; pero a pesar de ello,
el señor juez se verá involuntaria e inevitablemente influido por sus
creencias, su ideología, su experiencia, sus valores, su modo de ser, su
capacidad de empatía..., en fin, por todo eso que constituye el ser persona, el
ser único.
No es que este raterillo no se merezca el castigo,
sino que parece que no se aplica la misma vara de medir (por parte del
legislador y del juez) cuando se trata de grandes y grandísimos delincuentes.
CARLOS DEL RIEGO
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