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| En España, según algunos jueces, se permite insultar y amenazar. |
Según un juez, insultar, amenazar, amedrentar a los
parlamentarios elegidos democráticamente, e impedirles el acceso al parlamento
de Cataluña, no tiene ninguna importancia, pues ha absuelto a todos los
acusados. Sin embargo, todo interesado conoce que ese juez pertenece o
simpatiza abiertamente con un partido político nominalmente de izquierdas, lo
que significa que se ha identificado con los asaltantes precisamente por su
ideología. Sin embargo, muchos otros jueces y asociaciones de todo tipo
discrepan frontalmente de la decisión; es más, uno de los magistrados declaró
que si los que hostigaron hubiesen sido falangistas, ese mismo juez hubiera
sentenciado en sentido opuesto. De este modo, este juez debería ser inhábil,
debería ser apartado de la función judicial, pues ha demostrado que la
ideología manda en él, que su creencia política le impide ver la realidad, y
que su credo influye directamente en sus decisiones. En fin, que este señor
tiene de imparcial lo que un hincha de fútbol, de modo que está más cerca del fanatismo
que de la justicia. Claro que mientras sean los políticos quienes designen a
los integrantes de las más altas cortes seguirán produciéndose situaciones
similares.
Por otro lado, otros jueces han determinado que
chivarse a la banda terrorista Eta y sus colaboradores de la inminente acción
de la policía no es delito de colaboración. O sea, avisar a los asesinos y sus
amigos de la redada policial con el fin de que escapen y luego puedan llevar a
cabo sus fechorías, no significa haberles ayudado, no equivale a auxiliarles,
no es lo mismo que cooperar o facilitarles sus ulteriores acciones. Además, es
evidente que los chivatos no actuaron motu proprio, sino que cumplieron órdenes
‘de arriba’, pero esto no interesa ni al juez, ni a la audiencia, ni a la sala
correspondiente ni a nadie con poder de decisión judicial; a nadie le preocupa
que se ‘eche una mano’ a los terroristas si detrás existe un fin político, que
es lo que en realidad sucedió. En fin, si tal cosa se hubiera producido en
otros países, esos chivatos traidores pasarían una larga temporada a la sombra,
pero como en España las leyes y muchos jueces (no todos, afortunadamente), las
salas, tribunales y audiencias se la cogen con papel de fumar y están siempre
pendientes de encontrar fórmulas exculpatorias, se da pie a sentencias
inexplicables, irritantes. Por suerte, otros juristas (y asociaciones como las
de las víctimas) han manifestado su radical oposición a la una visión tan
favorable a tan indignos y desleales policías-soplones.
En realidad, la decisión de un juez dista poco de
una opinión, con conocimiento de causa y con preparación específica, pero una
opinión; de este modo, en tanto que persona con opinión, esos jueces tendrán
sus ascendentes, preferencias, simpatías y antipatías…, como todo individuo.
Sin embargo, si la opinión es luego rebatida por instancia superior sin que
existan nuevas pruebas o indicios, o sea, sin variación en los fundamentos, el
juez que emitió incorrectamente (pues de incorrecto se debe tildar su dictamen
si otros lo desdicen) debería ser sancionado. No hay que olvidar que si un
médico equivoca los síntomas y, en base a ellos, diagnostica equivocadamente,
será castigado. Igualmente, un árbitro de fútbol que vio lo que no ocurrió o
que no vio lo evidente, se irá una temporada a la ‘nevera’ (o sea, al paro)
como castigo. Por tanto, si un juez se equivoca tendría que tender idéntico
tratamiento que el galeno o el réferi
que yerra.
CARLOS DEL RIEGO
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