miércoles, 20 de septiembre de 2017

TRECE AÑOS PARA UN JUICIO: INSOPORTABLE LENTITUD LEGAL No son pocos los procesos judiciales que en España se alargan años y años. Así, vuelve a la actualidad el caso Fórum Filatélico y Afinsa, ya que, trece años después de que estallara el escándalo, se inicia el juicio en sí. Desesperante y habitual.

La desquiciante lentitud de la justicia le quita eficacia e incluso supone un castigo para los afectados.

Hasta cuatro juegos olímpicos podrían haberse celebrado en el tiempo que se ha tomado la maquinaria legal para iniciar el juicio oral del caso Fórum Filatélico y Afinsa, el cual se extenderá unos meses y, seguro, la sentencia otro tanto, y será recurrida hasta donde se pueda, con lo que la resolución final puede retrasarse otro par de años, o un lustro de nada. Por tanto, desde que fueron detenidos los responsables hasta que la cosa llegue a su fin pueden pasar tranquilamente veinte años… Y lo peor del asunto es que no se trata de un caso aislado, sino que estas insufribles demoras son lo normal.

Seguramente habrá expertos con sólidos argumentos que expliquen y justifiquen tan larguísima espera, pero si se compara la de Fórum Filatélico con estafas similares que se han perpetrado en otros países, puede ponerse en duda la validez del sistema español. Por ejemplo el timo ejecutado en Estados Unidos por Bernard Madoff, quien fue detenido en diciembre de 2008 por fraude (y otros delitos) por valor de más de 50.000 millones de dólares, y en junio de 2009 ya estaba juzgado, sentenciado a cadena perpetua (150 años) e ingresado en prisión. ¿Cuál es el motivo que justifica tan exagerada diferencia?, ¿acaso las maquinaciones de Madoff fueron mucho más simples que las de los responsables de Fórum Filatélico?, ¿tal vez los encargados de investigar el timo de los sellos son menos, o con menos medios, o más torpes que los estadounidenses?, ¿o es que la administración de justicia en España está más desfasada que los pantalones bombachos?

Echando un vistazo a la historia de los grandes escándalos financieros que se llevaron los ahorros de cientos de miles de españoles, se comprueba que eso de retrasar el inicio de la vista y de la resolución final no es una excepción. Así, el caso Gescartera se dilató durante siete años y el Banesto precisó ocho, por mencionar algunos recientes y sonados; yendo más atrás puede recordarse el caso  Sofico, que explotó en 1974 y se resolvió (o sea, tuvo sentencia firme) trece añitos después. Lógicamente, para cuando acaban estas interminables y desesperantes travesías, muchos de los interesados han muerto, ya sean víctimas o timadores.

Lo sorprendente es que ha habido ocasiones en que la justicia ha llegado a la conclusión con gran rapidez. Aquí puede recordarse a la pionera de la estafa piramidal (mucho antes que el llamado ‘Sistema Ponzi’), que es la muy española Baldomera Larra; la hija del insigne escritor timó alrededor de seis millones de pesetas hacia 1860 (una fortuna), se fugó a Francia cuando llegó la inevitable quiebra, en 1876, y fue entregada a España un par de años después, de manera que en mayo de 1879 ya estaba en la cárcel. O sea, desde que cae en poder de las autoridades españolas hasta que todo llega a su fin pasó alrededor de un año. Y eso que aquello sucedió hace casi un siglo y medio y todo era a lápiz y papel.  

Hay que volver a preguntarse, ¿por qué se necesita en España tanto tiempo para iniciar un juicio? Seguramente sean necesarios más profesionales, jueces, secretarios, asistentes, ayudantes, funcionarios de diversas categorías… También es seguro que hay que llevar a cabo una modernización, y no sólo tecnológica. En definitiva, parece más que necesario dotar a todo el sistema de más recursos, tanto humanos como económicos y tecnológicos. Pero también se antoja necesario ponerse un poco serio con lo que se admite a trámite; puede traerse a colación el sonrojante ridículo que ha hecho el o la juez que ordenó exhumar los restos de Salvador Dalí tras una demanda de paternidad de una señora que no presentó ni el más leve rastro de indicio razonable; igualmente parece más que desproporcionado iniciar un procedimiento contra un niño que pinta en la pared ‘felicidades Pepito’. No hay que olvidar que, incluso para casos como estos (uno sin base conocida y otro una auténtica nimiedad), se pone en marcha una enorme y pesada maquinaria que incluye jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios, carteros, secretarios, seguridad, oficinas, ordenadores, archivos… En fin, si tan obeso organismo ha de levantarse y ponerse en funcionamiento, más valdría que se vigilaran un poco más los motivos.

Decepcionante es la justicia que tarda, que camina con lentitud desesperante y que parece no llegar jamás a una conclusión, puesto que tanto los acusados como los perjudicados tendrán que vivir años y años con la sensación de trámite interminable, de espera sin fin, de provisionalidad, de permanente estado de incertidumbre…, sobre todo los que sufrieron daño, las víctimas. Muchos, claro, no llegan a ver la resolución del caso.  

Y más decepcionante es ver cómo, en lugar de dotar a la administración de justicia de más personal y más medios, se aumenta la plantilla de políticos, cosa que ocurre en Aragón, donde se prevé crear otra estructura política con, lógicamente, más cargos políticos, lo que significa pagar a secretarios, asesores, escoltas, chóferes y desplazamientos, dietas, alquileres… Sí, siendo Aragón la comunidad con más cargos por habitante (tienen 32 gobiernos con su propio parlamento, uno para cada comarca, además de ayuntamientos, diputaciones…, y ahora otro más), es evidente que lo más necesario para esta región es engordar la administración y, claro, desatender otros sectores como el de la justicia.  

En fin, por unas causas o por otras, está claro que quien en España presenta denuncia ha de prepararse para librar algo así como ‘la guerra de los cien años’.

CARLOS DEL RIEGO