El Psoe está inmerso hoy en el mismo debate que hace ochenta años |
Esta pugna ideológica (y lógica) del
más importante grupo político español de izquierdas (y de todos los demás) siempre
ha dependido de la capacidad e integridad de sus protagonistas, y tiende a
repetir el argumento principal, que se resume en un dilema que parece
irresoluble: si el partido opta por posiciones pragmáticas, racionales y
sensatas será acusado por sus radicales de apoyar a la derecha, sobre todo si
suscribe algún acuerdo con ésta aunque sea conveniente para el país; la otra
opción ha sido siempre la de querer parecer tan de izquierdas como el que más,
con lo que gran parte del partido estará dispuesta a abrazar las propuestas más
extremistas… Esta es la perenne encrucijada del Psoe: buscar el equilibrio o
escorarse.
La confrontación se ha repetido en más
de una ocasión, pero tal vez la más significativa sea la que tuvo lugar durante
los años de la II República Española, cuando en el partido convivían posturas
encontradas; por un lado estaban los que deseaban identificarse con los grupos
comunistas, sindicalistas y anarquistas, o sea, con los revolucionarios
dispuestos a pasar por encima de la ley; y por otro estaban los
constitucionalistas, que veían posible ser socialistas y cumplir las normas. La
primera postura estaría representada por Largo Caballero y la segunda por
Besteiro. En los meses previos a las últimas elecciones (II-1936), los más
exaltados (que entonces eran mayoría) exigieron medidas irracionales e
irrealizables para integrar el Frente Popular: amnistiar a todos los que
tomaron parte en la llamada ‘revolución de Octubre’ (en puridad, intento de
golpe de estado), independientemente de que fueran organizadores o ejecutores,
independientemente de los delitos de sangre que tuvieran; además, reparar e
indemnizar a todos ellos por los meses pasados en la cárcel, independientemente
de los crímenes y sentencias que pesaran sobre ellos; asimismo, perseguir y
exigir responsabilidades a los que ‘reprimieron la revolución’ (o sea, los que
defendieron a la República), ya fueran políticos, militares o civiles, e
incluso denunciar por asesinato a los soldados que dispararon contra los
revolucionarios; arrinconar e incluso prohibir la existencia de partidos (periódicos,
organizaciones) ‘antirrevolucionarios y antirrepublicanos’, o sea, todos los que
no cupieran en el Frente Popular; purgar el ejército y la administración de todos
los elementos sospechosos de desafección al régimen; expropiaciones,
nacionalizaciones, expulsiones… Llegado el momento, la postura oficial del Psoe
(con la que no coincidían todos sus líderes) fue la de suscribir todo ello con gran
entusiasmo, con lo que favoreció la formación de un ambiente de desorden e
ilegalidad.
Más de ochenta años después, el asunto
es el mismo aunque hayan cambiado los actores y las circunstancias. Ahora la
‘oficialidad’ del Psoe es la moderada, mientras que el aspirante se presenta
como el que va a combatir incondicionalmente a las derechas, para las que sólo
tiene una palabra, no. De este modo, este pretendiente a la jefatura del
partido está dispuesto a coaligarse con los más sectarios y agitadores, presumiendo
de ser el más izquierdista, el más auténtico depositario de las esencias
socialistas. Así, en caso de que el tipo en cuestión se haga con los mandos, no
tendrá problema en asociar su partido al de los nuevos revolucionarios, los
cuales le exigirán el cumplimiento de las más disparatadas, inútiles y sectarias
medidas; por ejemplo, cambiar el nombre de cientos de calles, plazas, monumentos;
quitar la misa de la tele (esto es primordial), confiscar iglesias y
catedrales, prohibir cualquier símbolo religioso (o sea, católico) en espacio
público y arrinconar la enseñanza privada; derruir estatuas o edificios sospechosos;
despenalización de la apología del terrorismo, de los delitos de odio e incluso
de ciertas acciones si van en contra de los que ellos decidan; ceder a todas
las peticiones de la corporación etarra; legalizar o subvencionar la
‘okupación’; imponer el ‘derecho a decidir’ de las comunidades; “establecer
mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad”
(???).
En fin, parece que el Psoe está
condenado a jugar permanentemente a una especie de soga-tira, una partida que
va más allá de lo puramente ideológico. Y es que este enfrentamiento procede
del prejuicio que albergan sus representantes más fundamentalistas y
esquemáticos hacia ideologías conservadoras, un
maniqueísmo simplón y sectario que se impone a la conveniencia general.
Aquellas posiciones intransigentes, dogmáticas y contra la legalidad de 1936
condujeron (en colaboración con muchos otros) a violentos enfrentamientos que
desembocaron en el desastre total. Hoy las cosas son diferentes, pero no cabe
duda de que el país puede asomarse al precipicio si cae en manos de ciertos
iluminados. Todo depende de la opción que se imponga: la que busca ser más intransigente
o la que busca soluciones razonables.
CARLOS DEL RIEGO
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