miércoles, 5 de octubre de 2016

EL PUEBLO COLOMBIANO HA DADO UN EJEMPLO DE DIGNIDAD. Contra todos los augurios, los colombianos han rechazado el acuerdo entre el gobierno de Colombia y los terroristas de las FARC. La lectura del resultado del referéndum está clara: los ciudadanos se niegan a una paz a cualquier precio.

Los colombianos se han manifestado muchas veces contra el grupo terrorista, ahora también en las urnas.
Sorprendente fue el resultado de ese plebiscito, ya que estaban a favor del sí no sólo el ‘oficialismo’ colombiano, sino la Unión Europea, el Gobierno de Estados Unidos (Obama incluido), el gobierno y la mayoría de los diputados de España…, incluso el Vaticano con el Papa Francisco al frente; merece la pena señalar que también eran partidarios de aceptar cualquier condición de los matones los adalides de la memoria histórica (¡qué denominación tan inapropiada!), algunos de los cuales exigen juzgar a culpables de delitos perpetrados hace 60, 80 años (todos muertos) y, a la vez, claman por que se haga ‘pelillos a la mar’ con quienes estuvieron asesinando hasta ayer.   
Sea como sea, basta comprobar las exigencias de los narco-terroristas para entender dicha negativa. Para empezar, el texto propuesto es un tocho de casi 300 páginas en las que todo son buenos propósitos de carácter político, social, económico…, que nada tienen que ver con el asunto, vaguedades, generalidades, tópicos y tópicas (pues no se pierde ocasión de despreciar el masculino genérico), en fin, una verborrea exagerada y, en un 90%, innecesaria.
La propuesta del Presidente Juan Manuel Santos y de la banda FARC (o sea, el 10% restante) se sustancia en que los narco-guerrilleros no pagarían ni un día de cárcel por más sangrientos que fueran sus delitos, sino que serían ‘condenados’ a pasar una temporada en algo así como granja de vacaciones; la banda terrorista no estará obligada a hacer público su patrimonio (según los expertos, puede ascender a cientos de miles de millones de dólares); los asesinos no tendrán que indemnizar a las familias, sino que esta obligación correrá exclusivamente a cargo del estado, o sea, del pueblo cotizante; los pistoleros tendrán una indemnización (idéntica a la que reciben los familiares de las víctimas); el narcotráfico ejercido sería contemplado como delito político, por lo que tampoco se exigen ni responsabilidades ni el cese de los cultivos; los que hasta ayer mataban sin contemplaciones tendrían dos docenas de representantes en la Asamblea y otros organismos, directamente y sin la obligación de haber pasado por las urnas; los gerifaltes de la organización terrorista no serían instados a revelar los bancos donde ocultan el dinero ni quiénes han sido sus colaboradores en esa ocultación y en la compra-venta de armamento; tampoco se les pide que digan el paradero de los casi 50.000 desaparecidos de los que nunca más se supo, ni dónde están los cuerpos de muchos de los 200.000 muertos…
Pero, en un gesto de valentía y dignidad, la mayor parte de los ciudadanos de Colombia que votaron dijeron no, no a ceder en todo ante los terroristas, no a la impunidad, no a la reinserción subvencionada, no a la presencia política regalada, no a beneficios sociales, penales y económicos sin contrapartida..., todo lo cual no es un no a la paz, sino un no a esta propuesta de paz que equivale a rendirse ante el chantaje. Viendo el asunto desde la distancia puede llegarse a la conclusión de que esa propuesta pretende premiar al delincuente a cambio de que cese su actividad; en otras palabras, el documento rechazado enviaba un mensaje claro y peligroso, un mensaje de cesión y debilidad ante las exigencias de los criminales que se convertiría en un aliciente para otras organizaciones: si alguien asesina a dos o tres personas será juzgado como asesino, pero si se integra en banda criminal y se carga a cincuenta mil, y luego pide tratados de paz, será tratado como un pacifista y un constructor de la concordia y el entendimiento. Tal cosa es la pretensión del actual Gobierno de Colombia.  
Es oportuno y muy conveniente subrayar que el ejército y la policía colombianos, así como los sanguinarios grupos paramilitares afines al gobierno, tienen también su armario lleno de cadáveres y, por tanto, también aquí habría que entrar, investigar, buscar culpables y juzgarlos. Asimismo, es preciso leerle la cartilla al máximo defensor del no, el ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene mucha ropa sucia escondida: es casi seguro que negoció con narcos cuando fue alcalde de Medellín (dominio de Pablo Escobar), estuvo involucrado en tejemanejes ilícitos con otros políticos (lo que allí se conoce como el escándalo de la parapolítica), su partido recibió financiación de procedencia dudosísima, el feo asunto de los ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas para sumar bajas enemigas) y aun está siendo investigado por la masacre de El Aro (15 campesinos asesinados) a manos de los paramilitares cuando él era gobernador de la región de Antioquía…, y eso que se sepa, porque no sería descabellado que aun tenga otras manchas ocultas en su currículo, corruptelas incluidas.
Sea como sea, puede afirmarse que el pueblo de Colombia ha dado un ejemplo de valentía y de entereza, de dignidad y honorabilidad, ya que ha decidido no bajarse los pantalones ni suplicar ante los matones; y ello a pesar de la potente campaña propagandística del actual gobierno de Santos y la casi inexistente de los partidarios del no; y también a pesar de las presiones a favor del sí que llegaban de todas partes; y, por último, a pesar de que la participación en el plebiscito fue escasa y la diferencia entre el sí y el no, mínima.

CARLOS DEL RIEGO