miércoles, 25 de junio de 2014

LEGÍTIMA DEFENSA Un ladrón entró a robar en una casa. El dueño lo descubrió y le plantó cara. El ladrón le clavó un cuchillo en la pierna. El dueño sacó una pistola y le disparó, también en la pierna. Resultado momentáneo: los dos detenidos, el agresor por cuestiones obvias, la víctima por defenderse y provocar ‘lesiones’.

Hay que imaginarse que uno está en casa, oye un ruidito, sale al pasillo y se encuentra con esto_ si elige defenderse tiene que observar antes qué arma
lleva el agresor

Los expertos, abogados, penalistas y juristas defienden que tiene que haber proporcionalidad entre la agresión y la defensa, que si te amenazan con cuchillo no puedes usar pistola. Es decir, según esta ley, según estas opiniones, el agresor (que ha entrado en casa ajena para robar y agredir, violando el lugar donde uno se siente más seguro) tiene el derecho, el beneficio, el privilegio, la cortesía legal de elegir los límites de la pelea y las armas que se pueden utilizar; o sea, si entran en tu casa elementos con navajas no puedes tirar de pipa (teniendo permiso), sino que has de procurarte armas blancas para defenderte, sin que se tenga en cuenta que, seguro, los navajeros serán expertos esgrimistas. Por tanto, según la legalidad vigente, llegado ese momento del enfrentamiento, toda la defensa ha de supeditarse a la equidad de recursos y herramientas, viéndose obligado el defensor a rechazar cualquier ventaja respecto al intruso, sin tener en cuenta consideraciones tan ‘secundarias’ como: que uno está en su casa y el otro la fuerza; que éste ya viene armado y dispuesto a todo y aquel se llevará el susto de su vida y se verá atenazado y desconcertado por el miedo; que el dueño de la casa se juega también la integridad de su esposa e hijos; por no mencionar la angustia permanente que el allanamiento amenazante provocará en las víctimas (no digamos si hay niños), o que los bienes que destrozará y robará el ladrón habrán costado su esfuerzo.

Estas observaciones no son relevantes para la resolución del caso, pues el que tiene que decidir examinará con lupa cómo se defendió la víctima, y la castigará si no se defendió acorde con las reglas que el atracador impuso. O sea, que a todas las desventajas a que ha de enfrentarse el agredido, ha de sumarse la de estar pendiente de hasta dónde llega el extraño en su ataque. La defensa proporcionada así entendida será, con total seguridad, una defensa insuficiente, entre otras razones porque uno de los contendientes está acostumbrado a pelear y tirar de chaira y el otro no. De este modo, al coartar la defensa del inocente se está favoreciendo el triunfo del culpable, que entonces será dueño de hacer lo que quiera con la casa y con quienes allí estén.  

Esta manera de pensar muestra preocupación exclusiva por el bien del agresor, del matón; de hecho, las leyes de los códigos españoles están escritas pensando en el beneficio del atacante. Según la ley, éste, el malhechor, no debe sufrir ninguna penalización por el hecho de agredir, sino que una vez iniciada la lucha tiene idéntica consideración legal que la víctima, aunque ésta esté desprevenida, en bata y zapatillas y, evidentemente, no tenga ninguna culpa ni provoque la pelea. Así, si el ladrón entra en casa mientras estás cenando, lo primero has de mirar con qué amenaza, y si es navaja has de calcular qué cuchillo coger, sin pasarte, conservar la calma sin que el miedo te inmovilice, no permitir que la adrenalina te haga hervir la sangre e intentar llamar a la policía… En esto has de pensar cuando se te echen encima sujetos que ¡vaya usted a saber qué intenciones traen! Estando cómodamente sentado en el sillón, ¡qué fácil resulta decir cómo hay que actuar en casos extremos!     
Esta forma de entender la legítima defensa evidencia que legisladores y legalistas de todo tipo (que no todos) piensan antes y ante todo en el delincuente, al que no se le ponen restricciones, mientras que a quien sufre la agresión sí que se le exigen limitaciones. Es como si tomaran partido por el que inicia la gresca, como si se identificaran con él y sólo tuvieran en cuenta sus derechos; no le reprochan la intrusión y la violencia, las amenazas, el golpe que supone sufrir la violación de tu casa…, nada de eso, para muchos juristas (no todos) lo primero son los derechos del fuerte y después los del que defiende su casa y su familia. Es como si se dejaran amedrentar por el que amenaza, como si entendieran que éste tuviera algún derecho para irrumpir en tu casa y, por tanto, tienes obligación de darle algo, de permitirle algo; y si te defiendes has de darle ventaja en la pelea.
Este modo de legislar y entender la legítima defensa difiere radicalmente del de otros países para situaciones similares, donde el dueño puede defender su casa con todo lo que tenga. O sea, lo que los legisladores y legalistas españoles opinan sobre cómo rechazar un allanamiento es eso, una opinión, discutible y fácilmente rebatible por otros legisladores y legalistas con, seguro, menor complejo de inferioridad respecto a quien invade tu casa.    

En el caso en cuestión (tuvo lugar en Sevilla) el ladrón podría ser condenado a cinco años por robo con violencia y lesiones, y el dueño de la casa a entre 6 y 12 años por lesiones.

Conjura de necios.


CARLOS DEL RIEGO