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| Sólo dos de todos estos jugadores que ganaron el oro olímpico padecían minusvalía. ¡Cómo pudieron pensar que nadie se daría cuenta!. |
En las últimas semanas se ha podido comprobar cómo
la administración de justicia en España (leyes, jueces, fiscales) ha hecho todo
lo posible para minimizar penas a delincuentes confesos, para quitar años de
cárcel a asesinos, como si tratara por todos los medios de que quien burla le
ley gozara de más protección que quien ha sufrido el delito; por el contrario,
esos responsables de que la justicia se escriba con mayúscula, al buscar
cualquier resquicio para quitar años o meses de castigo, dan sensación de haber
olvidado por completo que la víctima recibe un nuevo agravio con cada beneficio
que se otorga al delincuente.
Un asesino múltiple y secuestrador, el etarra Bolinaga,
ha sido excarcelado porque estaba enfermo y en estado terminal. Un policía con
muertos a sus espaldas, el general Galindo, ha salido de la cárcel después de
haber pasado entre rejas apenas cuatro años a deportistas sin discapacidad, a
falsos minusválidos, a competiciones internacionales reservadas para
disminuidos físicos o síquicos; una vez cazado, su castigo ha sido pagar 5.400
euros. No es que en otros países no haya terroristas, indignos guardianes de la
ley o tramposos indecentes, seguro que en todas partes cuecen habas; el
problema es que aquí el criminal apenas paga, lo que se traduce en crudelísima
sanción para quienes padecieron el crimen y sus familiares.
El tal Bolinaga fue condenado a 175 años, pero cuando
no llevaba ni 15 alegó padecer un cáncer terminal; en contra de la opinión de
muchos médicos (incluyendo el forense encargado del caso), los engreídos jueces
de la Audiencia Nacional lo pusieron incomprensiblemente en libertad al dar por
buena la opinión de que apenas le quedaban ocho o diez meses de vida, opinión
médica discutida desde el principio. Más de un año después el tiparraco está
por ahí tomando cañas y riéndose de los cadáveres que dejó, cuando debería
estar entre rejas y, si fuera necesario, recibir allí el tratamiento que
necesitara. Claro que esta gente siempre contará con jueces pervertidos como
Garzón, que declaró que “el estado de derecho no puede permitir que persona
alguna muera en prisión”. Sorprenden estos jueces que siempre salen en apoyo de
los criminales, incluso vigilando para que no se queden sin postre, jamás tienen
una palabra de aliento para la víctima.
El general Galindo, a quien no se puede negar mérito
en la lucha contra el terror, pensó tener derecho a oficiar de juez y verdugo,
y liquidó y encaló a dos terroristas etarras. Fue sentenciado a 75 años de
cárcel en el año 2000 pero cuatro después empezó a dejar la prisión por
enfermedad cardiaca, pasando a estar en un hospital o en su casa bajo
vigilancia. Ahora (2013) ha recibido la libertad condicional, pues dicen que ya
ha cumplido las tres cuartas partes de su condena…; tres cuartos de 75 son casi
19, por lo que matemáticamente la excusa no funciona, así que tiran de esa
injusticia llamada redención de pena día cumplido, por trabajo, por enfermedad,
por buena conducta…, para que lo redimido sea superior a lo cumplido.
Así las cosas, ¿por qué se condena a alguien a X
años si se sabe positivamente que no cumplirá ni una pequeña parte de la pena?,
¿por qué indefectiblemente jueces y fiscales van a donde haga falta para
encontrar resquicio legal con el que aliviar al asesino?, ¿por qué esa falta de
compasión y comprensión para con los damnificados? Algunos por miedo, por
auténtico miedo, pero casi todos porque inconscientemente (o conscientemente)
sienten más empatía con el agresor que con el agredido. Así es, por
descabellado que parezca.
Comparado con el delito sangriento, lo del
responsable del equipo paralímpico que llevó diez deportistas sanos y sólo dos
discapacitados a los juegos de Sidney 2000 parece cosa de broma. Sin embargo no
lo es, pues se antoja ciertamente asqueroso hacer trampa semejante. El tal
Fernando Martín Vicente (que además, cómo no, ha distraído unos millones de
subvenciones) acordó con los fiscales un pacto, de modo que aceptó pagar 5.400
euros y marcharse a su casa; además, es el único ‘condenado’, pues la otra
docena y media de imputados también consiguieron cerrar un buen trato. Cuando
se pacta es porque una parte tiene algo que posee la otra o cuando se enfrentan
dos partes con la razón difusa; entonces se pacta, se acuerda, cediendo unos y
otros. ¿Qué tenían que ofrecer los estafadores?, ¿en qué cedieron los
fiscales?, ¿por qué hay que ceder ante esta gente?, ¿cómo es posible que semejantes
farsa, timo, burla se salde con 5.400 euros? Por esto, ¿si alguien planea una
engañifa parecida, un tocomocho de este tipo, se echará atrás al pensar lo que
le puede pasar si le pillan?
Sinvergüenzas hay en todas partes. La diferencia es
que en unos lugares los castigan como se merecen (¿hubieran preferido los dos
primeros que se les pagara con su misma moneda?) y en otras casi les dan una
palmadita en la espalda y una subvención.
CARLOS DEL RIEGO
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