PIRÓMANOS, LEYES Y JUECES. El terrorífico problema de los fuegos forestales va a más cada año, y cada temporada aumenta el número de hectáreas quemadas. Lo malo es que, en España, las herramientas legales para perseguir a los responsables son de una inutilidad desesperante.

Puede que la policía detenga al responsable del desastre, pero la ley y la justicia no estarán a su altura.

El asunto de la quema intencionada de bosques tiene diversas vertientes. Por un lado está la dificultad de dar con los culpables y con los que se benefician de las catástrofes; y por otro está el hecho de que, cuando se detiene al pirómano con las manos en la masa, hay que contar con la absoluta ineficacia de toda la maquinaria legal, que incluye una legislación incapaz, insuficiente, y una gran parte de jueces (no todos) que siempre están por sentenciar de modo benevolente y lo más beneficioso posible para el delincuente, cosa que sucede también cuando se trata de otro tipo de delitos.

El caso es que España cuenta con unos cuerpos policiales muy eficaces, y pocos pondrán en duda la competencia de los que actúan en todo el territorio (aunque, claro, siempre hay garbanzos negros). Sí, una aplastante mayoría de los agentes de policía nacional y guardiaciviles son muy buenos profesionales, sin embargo, habrá veces que tanto ellos como el ciudadano se pregunten: ¿para qué esforzarse y poner todo el empeño en trabajar con interés y profesionalidad, buscando indicios, atando cabos e investigando hasta llegar al pirómano (o cualquier delincuente) si luego te encuentras con que las leyes son ridículamente clementes y desproporcionadamente benignas con el condenado?; y para remate, magistrados que dan la sensación de estar siempre buscando el modo de rebajar la pena, tratando de imponer sistemáticamente la más leve, como si liberar cuanto antes al culpable les hiciera sentirse mejores jueces y mejores personas. En resumen, la mayor parte de las veces, los agentes se tiran semanas o meses investigando hasta el último detalle, hasta el más insignificante atisbo de pista para detener al criminal, y cuando lo ponen a disposición de la justicia comprueban cómo ese mismo día se va a casita y, finalmente, le cae una condena tan nimia que ni siquiera ingresa en prisión. Tiene que ser descorazonador contrastar el tiempo y esfuerzo invertido en dar con el pirómano, ladrón o matón, con los pocos minutos que unos y otros tardan en ponerlo en la calle.  

Y luego están los que, desde poltronas públicas, se oponen sistemáticamente al endurecimiento de penas para los delitos más graves: asesinato, violación, pederastia, terrorismo, tráfico de personas…, o incendios provocados con resultados catastróficos e incluso muertes. En este sentido se han manifestado varios partidos políticos en España, contrarios a la prisión permanente revisable porque, aseguran, eso no garantiza la reinserción y la rehabilitación del criminal; es decir, según tal opinión, el violador asesino no debe ser castigado con la privación de libertad, sino que tiene que estar en la cárcel sólo para ser convertido en una buena persona; en otras palabras, la prisión no ha de tener un componente de castigo, sino que ha de servir exclusivamente para convertir al matón en bienhechor de la Humanidad…

Esta gran preocupación que muchos políticos, juristas y ciudadanos muestran por el bienestar de quien puso una bomba, de quien abusó de un menor o de quien incendió un bosque y achicharró a dos vecinos, no deja de recordar aquel viejo chiste: “A un poderoso cargo público le piden los maestros y profesores diez mil euros para pupitres, bombillas y tizas, pero él contesta que no, que no hay fondos, que ya veremos si en el futuro… Luego vienen los directores de prisiones pidiendo cien mil euros para mejorar la vida del preso en el penal, cantidad que el dirigente otorga sin pensárselo. Entonces el ayudante le pregunta en voz baja que cómo es que no hay diez para el colegio y sí cien para la cárcel, a lo que el apoltronado responde con una pregunta: ¿Acaso piensas tu volver al colegio?”. Sí, un chiste, pero de otro modo es difícil explicar por qué un político desea que el delincuente regrese cuanto antes a la calle, por qué se opone a que el pedófilo no pueda salir a buscar víctimas, por qué se niega a que el pirómano homicida pague con años de su vida todo el mal que ha hecho. 

Tampoco puede olvidarse la burla que significa condenar a un asesino múltiple a mil años de cárcel sabiendo que pasará allí, como mucho, veinte o veintitantos; también se antoja un disparate que condenen a un corrupto a cien años de prisión y a un violador a veinte; o que un delincuente callejero sea detenido trescientas veces y otras tantas liberado a las pocas horas; o que un prehomínido aporree hasta la muerte a su mujer a cambio de cuatro o cinco años.

Parece urgente la revisión del sistema penal para evitar que alguien que mató a veinte personas esté celebrando su libertad después de haberse pasado en la trena un año por cada vida que arrebató; es perentorio que la pena más baja que los jueces puedan determinar, en casos como los mencionados, aparte al bestia de la sociedad para los restos, o al menos hasta que sea un anciano; es necesario que quien causa grandes estragos, como la quema de miles de hectáreas de bosque, vea cómo éste se recupera totalmente desde su celda. No se puede olvidar que ser clemente con el criminal significa ser cruel con su víctima, y juzgar con indulgencia al gran delincuente equivale a ensañarse con el agredido, y que una ley beneficiosa para el perverso es una humillación para el que lo sufrió.

CARLOS DEL RIEGO