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| El mejor camino para la integración es la escolarización. |
Una
de las grandes causas del exceso de gasto público es, evidentemente, la
subvención y sus abusos, descontroles y despilfarros. Ciertamente, desde hace
siglos los españoles siempre han sido muy proclives cobijarse bajo la
‘seguridad’ del estado, y por eso uno de los tradicionales grandes anhelos del
celtíbero es vivir y cobrar de la administración, aunque también abundan los
que no tienen escrúpulo en defraudar; y lo malo es que esta figura es más que
común en todos los estratos de la sociedad, desde las más elevadas esferas
políticas hasta quien percibe prestación, pensión, ayuda, subsidio… Claro que,
en realidad, raro es el ciudadano del cualquier país del mundo que se resiste a
engañar al fisco si tiene oportunidad; sin ir más lejos, en plena crisis griega
se supo que había gente cobrando la pensión de personas muertas hacía 20 años,
o que individuos de 60 estaban percibiendo un subsidio de orfandad.
Todo
el que tiene un mínimo interés por el asunto está convencido de que entidades
como partidos políticos o sindicatos deberían quedar exentas de cualquier ayuda
económica de procedencia pública, y del mismo modo clubes deportivos
profesionales o actividades industriales como el cine (que no es la única
actividad cultural existente aunque sí la más beneficiada con el dinero de
todos).
Pero
existen otras subvenciones que se dan en pequeñas cantidades y que, al menos
hasta ahora (V-2013), han escapado a cualquier control. Sin duda en todas
partes hay caraduras dispuestos a engañar y llevarse dinero público, pero casi
nadie se vanagloria de ello en público, a voces. Por ejemplo: para estimular la
escolarización de ciertas minorías el gobierno da dinero a los padres para
lleven al colegio a sus hijos, sin embargo, se sabe de directores de institutos
que han recibido amenazas por negarse a firmar certificados de asistencia aun
cuando los escolares no iban a clase; este caso se ha dado sobre todo con la
etnia gitana, de modo que algunos padres calés despotricaban en público contra
aquellos directores que no les proporcionaban la firma con la que seguir
cobrando; ¿pero los chicos han asistido a clase?, se preguntaba al airado
progenitor, a lo que éste contestaba que algunas veces, y añadía que al
director ¿qué más le da firmar ese papel si el dinero no es suyo?... De igual
modo las ayudas para libros (denegadas a muchas familias que también las
necesitan), que son utilizadas para cualquier cosa menos para comprar los
manuales, de forma que cuando el escolar acude a clase lo hace sin tan
imprescindible material, siendo imposible su correcta formación.
Sin
entrar a valorar si es lícito dar a unos lo que a otros se niega (y no
solamente se trata de estas pequeñas cantidades) parece una auténtica burla que
se entregue dinero para que se cumpla una obligación, pero si además ni siquiera
se cumple dicha obligación, resulta intolerable, escandaloso, que aun así se
haga efectiva la ayuda. No hay que olvidar que si lo único que se hace para
integrar a colectivos desfavorecidos es regalar (dinero, vivienda, material…),
se les está trasmitiendo la idea de que no es necesario trabajar, contribuir, puesto
que ahí estará siempre el dinero público a cambio de nada. Y por esto, cuando
el director no firma un certificado fraudulento de asistencia se gana los
insultos y amenazas; y por esa misma razón, los padres del niño sin escolarizar
se indignan en público con aquel director y exigen la complicidad del personal,
y por eso no terminan de comprender la obligación de cumplir las reglas, de
someterse a la ley como hacen en su inmensa mayoría los ciudadanos de a
pie.
De
todos modos hay casos y casos, y no son sólo esas clases desfavorecidas las que
protagonizan fraudes, estafas, trampas, engaños contra el dinero público. Eso
seguro.
CARLOS
DEL RIEGO
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