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| La mayoría son gente honrada, pero como en todas partes, también hay desonestos uniformados |
La mayoría de los encargados de hacer
cumplir la ley trabajan de modo honesto y profesional, igual que casi todos los
colectivos de la sociedad (la excepción se centra ante todo en los que se
dedican a la política, donde la mayoría ni son honestos ni se conducen con
profesionalidad), sin embargo, como en todas partes, como en todas las
profesiones, como en todos los aspectos de la vida, siempre hay excepciones,
igual que en el resto de colectivos de la sociedad. Por eso hay jueces,
policías, abogados que han caído en la perversión de igual modo que los
integrantes de otros grupos sociales o profesionales, es decir, es un error
pensar que por el hecho de ser juez o policía se pasa a un estatus de bondad
absoluta que imposibilita para el mal; nada de eso, el magistrado o el
encargado de hacer cumplir la ley son tan personas como las demás, y por tanto,
están tan amenazados de caer en la inmoralidad como cualquiera.
No hace mucho un hombre con total
incapacidad auditiva (sordo de nacimiento) y con una incapacidad del 70 por
cien para hablar (apenas sonidos guturales ininteligibles para oídos no
acostumbrados) fue multado por dos motoristas de tráfico que le acusaron de ir
hablando por el teléfono móvil; no escribieron en la denuncia que iba
manipulando el teléfono, sino que especificaron que “lo llevaba sujeto con su
mano derecha y pegado a su oído derecho”. Dio igual que los agentes comprobaran
que esa persona no oye nada, que su coche tenía las adaptaciones que exige la
ley para que alguien con esa discapacidad pueda conducir, nada, ellos pusieron
la multa. Lógicamente, la DGT
da la razón a los policías sin importarle lo más mínimo que la denuncia sea
imposible, lo dice el agente y no hay más que hablar, normal teniendo en cuenta
que es juez y parte. Y es que para la
DGT (y otros organismos aterradoramente burocratizados) el
ciudadano no es más que un número de referencia con obligación de pagar (por
eso, cuando llamas, ni siquiera te contesta una persona, sino una máquina).
Podría llegar a pensarse que en realidad es el Departamento de Grandes Timos.
En casos como este los burócratas te
dicen que si no estás de acuerdo pongas una denuncia; o sea, la típica artimaña
de políticos, jueces y oficinistas oficiales: presenta denuncia, contrata
abogado y procurador, pásate un par de años pendiente de citaciones, vistas y
juicios, recoge pruebas y testimonios, echa tiempo y más tiempo en el
asunto..., ellos saben que pocas veces el ciudadano está dispuesto a gastar
todo ese tiempo, energía y dinero, mientras que ellos (ellos son ellos, y el
resto somos nosotros) no tienen otra cosa que hacer, tienen sus departamentos
jurídicos y abogados que tampoco tienen otra cosa que hacer y que, para más
inri, también pagamos nosotros: el denunciante paga a su abogado y también al
de la DGT (o
cualquiera que sea el organismo oficial) que irá contra él mismo.
Pero los casos en los que algunos
encargados de hacer cumplir la ley (los diversos cuerpos policiales) caen en la
perversión y en la inmoralidad con el ciudadano se prodigan mucho más de lo que
aparece en los medios de comunicación.
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| El ciudadano se ha convertido en un número de referencia |
Como el caso de la maestra embarazada de
seis o siete meses que acude por la mañana a dar clase a un pueblo. Un
motorista la para y empieza a pedirle permiso de conducir, documentación del
coche, tarjeta ITV, recibo del seguro..., en un acto que el uniformado explica
como rutinario, pues la conductora no ha infringido ninguna norma; ella le pide
un poco de rapidez, pues tiene que llegar a dar sus clases, a lo que él
responde que sus problemas son de ella y “no me cuente historias”. Todo está en
regla excepto el seguro, que no aparece; tensos minutos buscando por la
guantera pero nada. Finalmente, el agente pone la multa por no llevar el recibo
del seguro. Al acabar la jornada, la indefensa maestra, que está convencida de
que el recibo del seguro está donde tiene que estar, se propone encontrarlo,
cosa que logra a los tres segundos de iniciada la búsqueda, pues el dichoso
papelito está en la carpetita del permiso de circulación, de modo que al abrir
ésta el seguro salta a la vista. Entonces ella se da cuenta de que cuando el policía
revisó el permiso de circulación, por fuerza tuvo que ver el recibo en cuestión
(no verlo era imposible, pues había que quitar el recibo y una hojita de
publicidad de la propia compañía para comprobar los datos del mencionado
permiso), es decir, el agente sabía donde estaba el seguro desde el primer
momento, dejó que ella buscara y buscara sabiendo que no lo encontraría,
permitió que perdiera tiempo y, en fin, en el colmo del cinismo y la
perversión, en el extremo de la falta de profesionalidad y la incompetencia más
perniciosa, el guardia civil de tráfico multó por no llevar el seguro (diez mil
pesetas de 1999).
También se sabe de otros casos
inconcebibles, como el del ciego de nacimiento a quien se multó por exceso de
velocidad y costó años y cantidad de procesos y recursos poner todo en claro, el
del madrileño multado en Sevilla a pesar de presentar pruebas irrefutables de
que en el momento de la denuncia él y su coche estaban en Madrid, o el del
conductor de un Citroen ‘Dos caballos’ multado por ir a 180 kilómetros por
hora en un tramo llano. Cualquiera de estos dudosos guardianes de la ley
(afortunadamente minoría) sería capaz de denunciar a Stephen Hawking por dar un
tirón salir corriendo, y seguro que habría un juez que le daría toda la credibilidad.
Así que mucho cuidado, que a nadie se le
ocurra rascarse la oreja cuando conduce, es más, cuando en la carretera se vean
las motos o el coche con los distintivos, lo mejor es poner las manos
claramente, visiblemente, sobre la parte superior del volante, para que no les
quede duda. Lo malo es que, aun sí, alguno habrá dispuesto a mentir, pues han
olvidado o nunca han aprendido eso de ‘El honor es mi divisa’, el lema de la Guardia Civil.
CARLOS DEL RIEGO
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