 |
Las leyes penales en España y otros países tienen,
como fin
principal, la protección del agresor,
cuyos derechos se sitúan por encima de
los de la víctima
|
En dos ciudades de Andalucía (España) se han producido en
los últimos meses otros tantos sucesos que, aunque con no pocas diferencias,
presentan indeseables e idénticos resultados. Uno, el caso de la joven Marta
del Castillo, apaleada, asesinada y ocultada por tres, cuatro o más amigos sin que éstos hayan desvelado
dónde escondieron el cadáver; otro, el de los dos niños de un desalmado llamado
Bretón, desaparecidos sin dejar rastro, y en el que todas las pruebas apuntan
abrumadoramente al tal Bretón, que niega y niega. Aunque con no pocas
diferencias, ambos sucesos presentan indudables y odiosas coincidencias: los
criminales se obstinan en su silencio (seguro que por consejo de sus abogados)
y ocultan el paradero de sus víctimas. Y ello a pesar de los testimonios y
pruebas que, más allá de la más mínima duda, los señalan como culpables. Pero
lo peor es que el sistema se lo permite, pues carece de instrumentos para
obligarles a hablar. Así, cabe preguntarse, ¿y si en lugar de asesinado
hubieran secuestrado y ocultado a sus víctimas y horas después hubieran sido
detenidos?, ¿el juez, el sistema, preferirían que los secuestrados murieran de
inanición antes que obligar a los criminales a cantar?, es decir, ¿se impondría
el bienestar del agresor a la vida de la víctima? Por espeluznante que parezca,
así obraría el juez y el resto de integrantes del edificio legal (incluyendo a
los letrados, que aunque lo sepan no desvelarán el paradero de los
secuestrados), respaldados por un código al que sólo preocupan los derechos del
criminal, siempre más importantes que los del agredido.
Es solo una de las múltiples perversiones que muestra el
actual código penal español (y de otros países en los que lo más respetado es
el beneficio del delincuente), pero hay muchas otras barbaridades bajo la
protección de las leyes. En cualquier sociedad se tiene como gran virtud la
veracidad, ser sincero, ir con la verdad por delante.
Sin embargo, en el
terreno de los procesos judiciales, el encausado y su defensor tienen derecho a
mentir, a defenderse con falsedades, siendo respetado el abogado que, mintiendo,
logra beneficios para su cliente (por ejemplo, con sus engaños, subterfugios de
leguleyo y recovecos legales logra que el pederasta esté cuanto antes en la
calle para que pueda volver a su actividad). No estaría de más tomar juramento
al abogado y al acusado; ¿tan malo sería exigir que aquel trabajara sólo con la
verdad? ¿o es que sin mentir no sabe ejercer su profesión pues es la mentira su
arma preferida?
También parece insoportable que un criminal acumule 100, 200
detenciones por cargos probados y regrese una y otra vez a la calle para
incrementar esos números y para desesperación del policía, que lo detiene con
las manos en la masa hoy, y mañana lo vuelve a encontrar haciendo la misma en
el mismo sitio… Igualmente resulta irritante asistir al escándalo de la
liberación de abyectos asesinos terroristas por causa de enfermedad o ‘huelga
de hambre’ (siempre falsa) gracias a las leyes escritas por gentes más
identificadas con los criminales que con sus víctimas (si no fuera así no
serían posibles tantos beneficios para aquellos); por cierto, ¿por qué los
terroristas no exigen que se les pague con la misma moneda que ellos utilizaron
con sus víctimas? Y así se podría continuar con injusticias como los permisos
penitenciarios (si estás condenado, estás condenado) y otros lujos de que
disfrutan los condenados, o las penas de cárcel de cinco años para un asesino,
o de 1.500 a ños
que, sobre el papel, se quedan en 30 como máximo y, en la realidad, apenas la
mitad (permisos, tercer grado, libertad vigilada, redención por el trabajo…). Y
luego se extrañan de que nadie confíe en el sistema, en los jueces y
legisladores.
CARLOS DEL RIEGO
No hay comentarios:
Publicar un comentario